La justicia argentina impulsó el viernes la denuncia del fiscal Alberto
Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto
encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado, al solicitar la
apertura de una investigación penal y que el gobierno atribuyó a un
intento de "desestabilización".
En un "requerimiento de
instrucción", o solicitud de apertura de investigación, el fiscal
Gerardo Pollicita consideró que la denuncia que hizo su colega el 14 de
enero existen suficientes elementos para investigar a la mandataria en
un juzgado y determinar si buscó desligar la presunta responsabilidad de
ocho iraníes en el ataque a un centro judío en 1994, el peor atentado
terrorista ocurrido en suelo argentino.
A diferencia de Nisman,
Pollicita no solicitó que se realice un interrogatorio a la mandataria
ni a funcionarios y allegados al gobierno acusados previamente, pero sí
requirió varias de las medidas solicitadas por su colega y pidió otras
nuevas.
Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá analizar la
solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el
proceso penal. El magistrado adelantó el regreso de sus vacaciones para
el miércoles 18 de febrero.
"A propósito de lo enunciado hasta
aquí, corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia
jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr.
Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto
procesal", dice Pollicita en su solicitud difundida por el Poder
Judicial argentino.
En el documento, el fiscal Pollicita recordó
que están "imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes
actuaciones" la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado
oficialista Andrés Larroque, un representante de la comunidad iraní en
Argentina, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el ex juez Héctor Luis
Yrimia, los dirigentes sociales afines al oficialismo Luis D'Elia y
Fernando Esteche y el presunto espía "Allan", y que según Nisman sería
Ramón Allan Héctor Bogado.
El 18 de julio de 1994 una camioneta
cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), y causó la muerte de 85 personas. Dos años
antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires,
con un saldo de 29 muertos.
Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.
Nisman
fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento
cuatro días después de haber presentado la denuncia contra la
presidenta. El investigador había requerido un interrogatorio a
Fernández y al resto de los imputados.
Antes de que fuera
encontrado su cuerpo sin vida, Nisman tenía programado asistir a una
reunión con un grupo de legisladores en el Congreso, donde se esperaba
que ofreciera más detalles sobre su acusación, la más grave que haya
recibido Fernández.
La mandataria lleva más de siete años de gobierno y culmina su mandato en diciembre.
Al
evaluar el paso dado por Pollicita, el abogado penalista Juan José
Ávila explicó a The Associated Press que se trata de una solicitud de
apertura formal de una investigación por el atentado ocurrido en el
centro comunitario.
"La validez y ponderación de las pruebas se
valoraran en el curso de la investigación que Nisman intento promover y
que el dictamen de Pollicita acompaña o avala", explicó.
Según
Ávila, quien fue abogado del centro comunitario judío, la denuncia de
Nisman "es seria, consistente y debe ser investigada".
"Decir que
no está probada o no hay suficientes pruebas es una manera muy
elemental de querer presentar la cosa como inconsistente, pero ninguna
denuncia, en el momento de hacerla, está probada", dijo Ávila al opinar
sobre las aseveraciones de algunos de sus colegas que sostienen que la
acusación carece de pruebas o indicios suficientes que ameriten
investigar a Fernández.
"Corresponde dar inicio a una
investigación que permita, mediante las diligencias probatorias que se
habrán de proponer más adelante, alcanzar un grado de conocimiento
suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los
extremos fácticos y dogmáticos expresados en los párrafos precedentes",
agregó.
Ante los fuertes rumores que decían que era inminente la
solicitud del fiscal, el secretario general de la Presidencia, Aníbal
Fernández, afirmó ante periodistas que "es una clara maniobra de
desestabilización antidemocrática... no tiene ningún valor jurídico".
"Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No
tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia", sostuvo.
En
tanto, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, afirmó que "no existe
prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, respecto de lo que
fue la presentación de Nisman" que ahora "pretende ser instruido por el
fiscal Pollicita. Observamos una estrategia activa de desestabilización,
del golpismo judicial activo".
Capitanich confirmó que La
Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el juzgado de Rafecas,
en representación del Estado argentino, un escrito de carácter
institucional aportando elementos de juicio en relación a la denuncia
realizada previamente por Nisman.